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22 jueces suspendidos por el Consejo de la Judicatura transitorio

La mayoría de casos ha sido por indisciplina y denuncias presentadas.

El Consejo de la Judicatura transitorio está en funciones desde el 19 de junio, cuando fue posesionado por el Consejo de Participación, también transitorio. Hasta la fecha, el Pleno ha destituido a nueve jueces y suspendido a 22, dentro de procesos disciplinarios administrativos iniciados con denuncias o de oficio.

La Dirección General de la Judicatura no tiene una estadística del número de denuncias que han ingresado en contra de funcionarios judiciales, debido a que estas se receptan en cada provincia y, dependiendo de si están bien fundamentadas, se conocen en Quito, donde está la matriz.  Según la información que maneja el director general, Juan Vizueta, en el Pleno se han tratado 73 denuncias contra jueces y otros 32 casos se han abierto de oficio. A estos se suman 40 denuncias en contra de otros funcionarios judiciales y 63 procesos de oficio. Mientras que la Dirección General ha procesado 44 casos.

Disposición 
La instrucción que tienen los delegados provinciales, quienes reciben las denuncias, es tener “mucha cautela respecto de la admisión de denuncias”, explicó Vizueta. Estas tienen que estar exclusivamente relacionadas con los artículos 107 y 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, en los que se estipulan las infracciones leves y graves que puede cometer un funcionario judicial.

Por lo tanto, ser “cautos y analíticos” está vinculado a identificar denuncias que tengan relación con la decisión jurisdiccional de los jueces, para que sean “inmediatamente inadmitidas”. “Muchas denuncias se dan por la inconformidad de una de las partes. Se estaba volviendo una costumbre que la parte vencida presentara una denuncia”, agregó.

Entre las principales razones por las que se han abierto procesos en contra de funcionarios está la violación al debido proceso, relacionada con la falta de celeridad y de seguridad jurídica en los procesos judiciales. También hay ausencias injustificadas de operadores de justicia y moras en los despachos de diligencias.

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