viernes, agosto 23Noticias Importantes

La minería con responsabilidad ratifica su compromiso con Ecuador y su desarrollo

El sector minero formal y regulado, conformado por toda su cadena productiva confía en la seguridad jurídica, el marco legal y la Constitución que protege sus actividades, ante las amenazas de consultas populares en zonas de actividad minera, y que ponen en riesgo el desarrollo de la minería formal y regulada.

La deliberación y decisión de la Corte Constitucional es si el desarrollo de la minería en una zona particular puede ser o no objeto de consulta popular.

Si se rompe el estado de derecho, cualquier derecho puede verse violentado por una minoría a través de acciones de consulta popular. No importa cuál sea la tendencia, convicción o ideología de quienes tienen el poder de decisión en este proceso. El tema importante es garantizar, cuidar y defender los derechos consagrados en la Constitución.

Las consultas populares impulsadas por grupos reducidos a nivel local son inconstitucionales, ya que los recursos mineros son recursos estratégicos nacionales, por lo cual la decisión sobre su uso y aprovechamiento es jurisdicción y competencia del Estado, como está establecido en la Carta Magna.

La discusión nacional debería girar en torno a si en el Ecuador se desarrolla la minería legal o a la actividad ilegal. La primera garantiza el control y cumplimiento del marco normativo que la rige; la segunda, abre la puerta a la inseguridad y delitos conexos de graves consecuencias, especialmente con el ambiente.

SOBRE LAS POSIBLES AMENAZAS DE CONSULTA POPULAR

El sector minero formal y regulado, conformado por toda su cadena productiva (empleados, colaboradores y familias, profesionales, estudiantes, docentes, técnicos, comunidad, proveedores de transporte, seguridad, servicios, alimentación, insumos, servicios médicos, consultores técnicos especializados, ingenieros, abogados, entre otros), cumplen y confían en que la seguridad jurídica, el marco legal y la Constitución protege sus actividades.

Si se rompe el estado de derecho, cualquier derecho puede verse violentado por una minoría a través de acciones de consulta popular.

De ser aceptadas, las consultas populares sobre temas productivos podrían afectar a múltiples industrias de importancia estratégica para el país. Adicionalmente, cualquier industria o emprendimiento grande, mediano o pequeño, quedaría expuesto al riesgo de ver sus derechos adquiridos, mutilados por una consulta.

Las consultas populares impulsadas por grupos reducidos a nivel local son inconstitucionales, ya que los recursos mineros son recursos estratégicos nacionales, por lo cual la decisión sobre su uso y aprovechamiento es jurisdicción y competencia del Estado, como está establecido en la Carta Magna.

  • Dar paso a los pedidos de consultas populares va contra la Constitución en varios artículos. El principal problema de este planteamiento de consultas populares es que los derechos reconocidos por la Carta Magna no son objeto de consulta: o Los derechos humanos se ejercen, no se consultan, entre otros, el derecho al trabajo, emprendimiento, ejercicio de una actividad lícita, educación, salud.
  • La administración de los recursos no renovables es competencia exclusiva y excluyente del Estado.
  • La Constitución se puede modificar únicamente a través de un proceso de enmienda y reforma constitucional.

La deliberación y decisión de la Corte Constitucional es si el desarrollo de la minería en una zona particular puede ser o no objeto de consulta popular.

No importa cuál sea la tendencia, convicción o ideología de quienes tienen el poder de decisión en este proceso. El tema importante es garantizar, cuidar y defender los derechos consagrados en la Constitución.

Las personas que impulsan el actual proceso en la Corte, no representan legalmente a las comunidades involucradas ni a las que dicen representar y en muchos casos responden a interés particulares de dudoso origen.

SOBRE EXPERIENCIAS DE PAÍSES VECINOS POR PERMITIR CONSULTAS POPULARES SOBRE RECURSOS ESTRATÉGICOS

La experiencia de otros países vecinos, como Colombia y Perú, nos demuestra que cuando se han puesto trabas oficiales a la minería formal y controlada, se ha dado paso a la actividad de forma ilegal, con graves consecuencias humanas, económicas, sociales y ambientales.

En Colombia, por ejemplo, en los años que sucedieron a las nueve consultas populares (de 150 solicitadas) que pararon las actividades mineras controladas, se perdió inversión, hubo disminución importante de fuentes de trabajo, impuestos y destrucción ambiental. Actualmente el control de estas zonas está siendo revertido al Estado para beneficio de la toda población nacional. Más de cien proyectos de inversión fueron detenidos y se calcula que las iniciativas han generado pérdidas en regalías en el orden de los US$ 35 mil millones, sin considerar los encadenamientos productivos y las fuentes de trabajo que se pudieron haber generado.

Adicionalmente, el daño ambiental fomentado por permitir el desarrollo de una minería informal es incalculable e irreversible.

La experiencia positiva de otros países nos debe dejar enseñanzas: Chile, Perú, Canadá, Australia, entre otros, nos muestran el camino que han seguido a la prosperidad y al desarrollo, basado en una gestión responsable y enmarcada en normativa que garantiza buenas prácticas, seguridad jurídica para el inversor y beneficio para toda la sociedad.

SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA MINERÍA CONTROLADA EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

La discusión nacional en un país con recursos mineros debe girar en torno a si en el Ecuador se desarrolla la minería controlada o una actividad ilegal.

La minería formal y controlada garantiza el cumplimiento del marco normativo que la rige y trae consigo seguridad jurídica, desarrollo, generación de empleo, mayores ingresos fiscales, manejo social y ambiental responsable, ingreso de divisas, crecimiento y prosperidad para el Ecuador y, particularmente, las zonas de influencia de los proyectos.

La minería formal y controlada es un camino que hoy llevará al desarrollo futuro y bienestar del país con recursos mineros. El desarrollo de la industria minera es la oportunidad de gestionar responsablemente y manejar adecuadamente los recursos minerales con los que cuenta el país.

La Política Minera, diseñada y presentada por el Gobierno Nacional, exige un impulso desde lo privado, con un horizonte a 2030. Este impulso generará dinamismo y la inyección de recursos a la economía a través de la inversión directa.

La minería es una de las principales fuentes de inversión extranjera con la que cuenta el país. En el año 2018, año en el que se alcanzaron cifras récord en este apartado (US$ 742 millones), la minería significó más del 53% del total de Inversión Extranjera Directa -IED- (US$ 1.400 millones), y esto es solo el inicio. Esto es sin considerar la creciente inversión nacional en la minería y que, en este momento, aún no ha habido producción de proyectos estratégicos.

Se estima que entre 2019 y 2021, en la etapa de producción de los primeros proyectos estratégicos, la minería podría convertirse en el segundo pilar de la economía del país:

– Aporte del 4% al PIB

– Inversión comprometida de US$ 1.157 millones

– Inversión proyectada de US$ 1.395 millones

– Recaudación en impuestos de US$ 722 millones por (regalías, IVA, utilidades, impuesto a la renta y patentes de conservación)

– Las regalías mineras beneficiarán a todo el país, especialmente a las zonas deprimidas donde se desarrolla la actividad minera.

– Incremento en trabajo directo e indirecto

– Incremento en desarrollo tecnológico

– Incremento en desarrollo de industrias complementarias

– Incremento de educación en carreras profesionales afines

– Transferencia de conocimiento a profesionales ecuatorianos

– Freno a la migración de los jóvenes de las zonas rurales aledañas a los proyectos mineros e impulso al desarrollo educacional de los mismos.

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