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La nueva fiscal Diana Salazar promete “transparencia, innovación y efectividad”

La nueva fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, tomó este lunes posesión de su cargo ante al Parlamento y afirmó que establecerá tres ejes de trabajo durante su gestión: “transparencia, innovación y efectividad”.

La presidenta de la Asamblea de Ecuador (Parlamento), Elizabeth Cabezas, invistió a Diana Salazar como fiscal general del Estado, tras obtener el primer lugar en el concurso público de méritos y oposición realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t).

Salazar, que reemplazará a Ruth Palacios, juró ante el Parlamento que en su gestión, que durará seis años, demostrará “transparencia, innovación y efectividad”.

El pleno del Cpccs-t, tras un proceso de evaluación de postulantes al cargo, rechazó una impugnación presentada contra la designación de Salazar y terminó por designarla como la nueva titular del Ministerio Público, el pasado 1 de abril.

Salazar se ha especializado en derechos humanos, con mención en Mecanismos de Protección de Pueblos Afrodescendientes por la Universidad Andina “Simón Bolívar” de Quito, así como en Derecho Penal Económico y Criminalidad Organizada por la Universidad Castilla La Mancha, de España.

La nueva fiscal fue nombrada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) desde mediados de febrero pasado.

Además, por manos de Salazar, cuando se desempeñaba como investigadora de la Fiscalía, pasaron importantes casos como los relacionados con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y por la que el año pasado el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión por un delito de presunta asociación ilícita, que él niega y que reclama como un acto de persecución política en su contra.

Asimismo, Salazar investigó en Ecuador el denominado caso FIFAGate, por el que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, tuvo que renunciar a ese cargo en marzo 2016 y fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos, aunque luego la justicia redujo su condena a seis años de cárcel. EFE

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