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Más de 700.000 dólares en descuentos no autorizados a funcionarios del IESS

Ayer se realizó la lectura del informe preliminar del Examen Especial al proceso de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento de personal y remuneraciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por el período comprendido entre el primero de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.

Una de las principales conclusiones es que, a través de roles de pago, bajo la figura de ‘otras retenciones’, se descontó mensualmente valores a 533 empleados del IESS a favor de Alianza PAIS y la organización afín Cambio Generacional.

La Contraloría estableció que no se encontraron evidencias de las autorizaciones expresas de estos descuentos, ni hubo ningún tipo de control para que aparezcan en los boletines de egresos o en los roles de pagos individuales.
En detalle
El organismo de control determinó que 363.319,07 dólares de los descuentos pasaron a dos cuentas de PAIS en el Banco Pacífico y una cuenta de Cambio Generacional en el Banco Pichincha. Así también, 116.883 dólares fueron a cuentas de servidores activos del IESS como directores provinciales, choferes, directores administrativos, entre otros; y 262.048 dólares fueron a otras cuentas.

A través de pedidos de información a los involucrados, tanto en la Dirección Nacional de Talento Humano, nivel central y 100 unidades médicas en todo el país, Contraloría determinó que los fondos recaudados fueron destinados para “asistencia a cambios de guardia, eventos culturales, refrigerios, y actividades proselitistas, en donde se incluyó la campaña del actual presidente de la República”.

El grueso de los descuentos ocurrió entre el 27 de abril de 2015 y 28 de febrero de 2018. En el caso de la organización Cambio Generacional, la cual no tiene personería jurídica, los aportes no autorizados eran remitidos mensualmente a las cuentas de PAIS.

Las provincias en donde esta práctica se presentó con mayor fuerza fue en Pichincha, Azuay y Bolívar, contraviniendo lo establecido expresamente en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Servicio Público, sobre la prohibición de reducir la remuneración de los empleados públicos sin autorización y fuera de las causales correspondientes.

Ana Belén Marín, actual asambleísta de Cotopaxi por PAIS, comentó que conocía del desarrollo del examen especial, pero no puede pronunciarse sobre las conclusiones hasta poder acceder a una copia del informe preliminar. “Para tener mayores elementos de juicio debemos acceder a toda la documentación para analizarla a profundidad”, aseveró. Lo mismo ocurrió con otros asambleístas de la misma tienda política.

Sin sustentos
La primera parte del informe preliminar estableció el seguimiento de las recomendaciones de Contraloría sobre informes previos de 2011 y 2015. Aquí, el organismo de control constató que no se cumplieron 10 de las 17 recomendaciones.

Así, por ejemplo, en 324 expedientes de contrataciones, entre octubre de 2016 y mayo 2018, en sitios como el Hospital General del Sur de Quito, no se verificó que el cumplimiento de los requisitos mínimos de ingreso como informe técnico, certificado de no impedimento legal, declaración patrimonial, declaración de no poseer fondos en paraísos fiscales, entre otros.

Además, se detectó que los expedientes de todos los nombramientos revisados no estaban debidamente foliados, numerados, ni con toda la documentación habilitante. Por lo que la Contraloría habla de “documentación dispersa, incompleta y desordenada”. (JS)
Contrataciones 
° Se constató que en el periodo revisado se contrataron 17.734 servidores, lo que superaría la norma expresa de que el aumento de personal no puede ser mayor al 20%. De todas esas nuevas contrataciones, entre servicios ocasionales, temporales y contratos permanentes, 4.073 funcionarios ingresaron sin que exista la aprobación del Consejo Directivo del IESS.

En el caso de puestos de asesores, en 54 casos hay incumplimiento de requisitos mínimos. Con respecto a directores administrativos de unidades médicas, se constató que no se respetó el requisito de título vinculado a la salud y se nombró funcionarios con profesiones de ingeniero eléctrico, acuicultor y hasta abogado.

Incluso, el organismo de control determinó pagos indebidos de sueldos y aportaciones, por 99.799,75 dólares, a funcionarios desvinculados.

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